La prohibición, que será incluida en la Ley de Lucha contra la Corrupción, se extiende a cargos públicos de todos los ámbitos, funcionarios del Ministerio de Interior, Aduanas, Instituciones Penitenciarias, Servicio Antidrogas, órganos judiciales, jueces, diputados y senadores.
Las enmiendas al Código Penal que acompañan a la ley castigan su incumplimiento con penas de prisión de hasta cinco años y multas de entre cinco y diez millones de rublos (entre 161.000 y 322.000 dólares).
Los afectados por la ley, que entrará en vigor el próximo 1 de enero según el proyecto, tienen hasta el 1 de julio de 2013 para cerrar sus cuentas y deshacerse de todas sus propiedades en el extranjero.
Los cargos públicos y funcionarios incluidos en la normativa no podrán adquirir propiedades ni abrir cuentas en el extranjero al menos durante los tres años siguientes después de dejar la función pública.
«La concepción del proyecto de ley cuenta con el apoyo del presidente», Vladímir Putin, apuntó uno de los autores de la iniciativa, el diputado del oficialista Rusia Unida, Viacheslav Lisakov, que la definió como «una nueva moral para la elite nacional» rusa.
A favor del proyecto de ley votaron 437 de los 450 diputados de una cámara del Parlamento que ha demostrado unanimidad en este asunto.
La diputada del Partido Comunista de Rusia Irina Yarovaya observó que algunos cargos públicos procedentes de otras repúblicas de la extinta Unión Soviética podrían tener propiedades allí, circunstancia que puede tenerse en cuenta en la segunda lectura del proyecto de ley.
