El derecho a la comunicación entendido como la posibilidad de acceder a una información veraz es un derecho consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo no cabe duda de que los organismos en los que delegamos para mantenernos informados son, en la mayor parte de los casos, empresas privadas que esconden los intereses particulares de los propietarios de los medios. ¿Tienen entonces los ciudadanos garantizado su derecho a la libre información?
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