LA PAZ — Policías sindicalizados de bajo rango se amotinaron este jueves en Bolivia, con la toma de comandos departamentales en ocho de las 10 ciudades más importantes del país, con demandas salariales, mientras el palacio presidencial quedó bajo vigilancia militar.
Centenares de uniformados de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre, Santa Cruz y Trinidad, capitales de departamento, se plegaron a la protesta iniciada más temprano por 50 mujeres, esposas de algunos de ellos, que emprendieron una huelga de hambre en un cuartel de La Paz.
Los policías reclaman un salario mínimo de 2.000 bolivianos (unos 287 dólares), casi 70% más de lo que reciben, la jubilación con el 100% de sus salarios y la anulación de una ley que les prohíbe opinar públicamente.
Los agentes están amotinados en nueve cuarteles en Bolivia y junto a sus cónyugues ocuparon de manera pacífica cinco comandos departamentales. Sólo las ciudades de El Alto y Cobija no reportaron incidentes.
«El motín se está registrando en todo el país, los policías se están replegando y no están saliendo a patrullar», informó Guadalupe Cárdenas, líder de un sindicato de esposas de policías, en una improvisada conferencia de prensa en las afueras de una unidad antimotines tomada por los sublevados.
Cárdenas participó de la toma violenta de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP, antidisturbios), que dejó tres heridos por choques a puño y palos entre uniformados, a media cuadra de la Plaza de Armas, donde se hallan el presidencial Palacio Quemado y la sede del poder Legislativo.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo están sin vigilancia policial. El Palacio de Gobierno «cerró sus puertas y no hay atención», informó a la AFP la oficina de comunicación presidencial, mientras que el canal privado de televisión PAT filmó a militares en sus interiores armados con fusiles.
El presidente Morales se halla en Brasil participando en la cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas Rio+20 y se espera su llegada a Bolivia en las próximas horas.
Entre tanto, el comandante departamental coronel Rosalío Alvarez dijo que «estamos investigando lo que ha pasado, han visto que gente infiltrada ha participado de todo esto».
«Todo esto es resultado de un gobierno malagradecido con la policía», aseguró a la radio privada Erbol el exmayor de policía, David Vargas, quien en 2003 comandó un motín en contra del gobierno derechista de Gonzalo Sánchez de Lozada y por el que fue dado de baja.
Al caer la noche había tranquilidad en La Paz y otros regimientos policiales, aunque los uniformados amenazaron con endurecer sus protestas en las próximas horas si no tienen atención del gobierno.
Desde Quito, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, comparó este caso con la rebelión policial que enfrentó en 2010, también por reivindicaciones laborales, en una sublevación que dejó 10 muertos y que según el mandatario fue instigada por opositores y algunos medios para sacarlo del poder.
«Ojalá allá (en Bolivia) no haya sucedido lo mismo, y si no ha sido así, ojalá no se trate de utilizar esta revuelta como aquí se la quiso utilizar: se indujo la revuelta y se trató de utilizarla para dar un golpe de Estado», sostuvo.
«No podemos excluir que (los sucesos en Bolivia) sean acciones inducidas», añadió.
El ministro de Interior, Carlos Romero, quien ejerce el mando político y administrativo sobre la Policía, dijo que el reajuste de sueldos, como piden los uniformados, «implica más de 100 millones de bolivianos (unos 14 millones de dólares) y que no es fácil resolver las cosas».
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