Hermandad Musulmana gana, militares se imponen Por Adam Morrow y Khaled Moussa al-Omrani

El CAIRO, 16 jul (IPS) – El cuasi gobernante consejo militar de Egipto sale victorioso de la primera gran confrontación con el nuevo presidente islamista, referida a quién ejerce la autoridad legislativa.

“La Hermandad Musulmana y sus aliados pueden haberse impuesto en los comicios parlamentarios del año pasado, pero el Poder Legislativo permanece bajo control del ejército”, dijo a IPS el analista político Magdi Sherif, jefe del Partido de los Guardianes de la Revolución, fundado durante el levantamiento de 2011 en la Plaza Tahrir.

“Y los últimos acontecimientos han arrastrado al conflicto también al Poder Judicial”, agregó.

El 8 de julio, el primer presidente elegido en comicios libres de este país, Mohammad Morsi, una personalidad notable de la Hermandad Musulmana, expidió un decreto ejecutivo convocando a sesionar a los miembros de la Asamblea Popular, la cámara baja del parlamento.

El decreto llamaba asimismo a nuevas elecciones parlamentarias a celebrarse 60 días después de que un referendo aprobara el texto de una nueva Constitución.

Pero el 10 de julio, la Corte Constitucional “suspendió” la ejecución del decreto de Morsi con base en un dictamen propio y anterior, que establecía la disolución de la cámara baja. El alto tribunal llegó a sostener que sus decisiones eran “finales” e “irreversibles”.

Al día siguiente, Morsi retrocedió. Prometió cumplir el dictamen del tribunal y aseveró que la Presidencia “respeta a la Corte Constitucional, a sus magistrados y todas las decisiones que expida la justicia de Egipto”.

El decreto de Morsi, una de sus medidas más importantes como nuevo presidente, fue sorprendente. No solo contravenía una decisión de la Corte Constitucional, sino también una orden del consejo militar.

La batalla por la primacía legislativa comenzó a mediados de junio, cuando la Corte Constitucional falló que las normas que rigieron las elecciones legislativas del año pasado, y que dieron un categórico triunfo a la Hermandad Musulmana y a sus aliados islamistas, violaron la carta magna.

Al día siguiente, el consejo militar ordenó disolver la cámara baja del parlamento, en la que casi la mitad de los escaños estaban en poder del Partido de la Justicia y la Libertad, expresión política de la Hermandad Musulmana.

Muchos expertos en derecho siguen cuestionando la legitimidad de semejante orden.

“El dictamen de la Corte no esgrimió ningún argumento legal para disolver toda la asamblea”, dijo a IPS el profesor de derecho constitucional de la Universidad de El Cairo, Atef al-Banna. “El tribunal solamente encontró cuestionables un tercio de los escaños, los reservados para independientes, pero que fueron ganados por candidatos partidarios”.

Cuando Morsi ordenó abruptamente que la Asamblea Popular volviera a sesionar, dirigentes de la Hermandad dijeron que se trataba de un “reflejo de la voluntad popular”. La decisión se tomó “por respeto a los más de 30 millones de egipcios que emitieron sus votos en los comicios parlamentarios”, dijo uno de los líderes del Partido de la Justicia y la Libertad.

Autoridades y expertos en derecho constitucional discrepan entre sí acerca de la legalidad y constitucionalidad del decreto de Morsi.

“Expedir decretos es potestad del mandatario. El presidente de la República tiene autoridad para convocar a la Asamblea Popular cuando lo crea conveniente”, dijo a IPS el profesor de derecho constitucional de la Universidad de El Cairo, Sarwat Badawi.

En su opinión, lo ilegal fue la orden inicial del consejo militar, “pues no fue expedida por una autoridad legítima”. Ese órgano de las Fuerzas Armadas “no tiene facultades legales para disponer la disolución del parlamento”, agregó.

“La Corte Constitucional, por su parte, solo tiene el mandato de dictaminar si algo es o no constitucional. Expedir recomendaciones sobre cómo deberían implementarse sus fallos, tal como hizo cuando llamó a disolver el parlamento, está fuera de sus potestades”, agregó el profesor.

Con esta opinión discrepa enérgicamente Mohammad Hamed al-Gamal, expresidente del Consejo de Estado, máxima autoridad judicial en materia de disputas entre el público y los órganos estatales.

“La decisión de Morsi no tenía fundamento constitucional y estaba fuera de su autoridad”, dijo Al-Gamal a IPS. “Es más, contravenía directamente tanto el dictamen de la Corte como el apéndice constitucional”.

Al-Gamal se refiere a una reforma emitida el 17 de junio por el consejo militar, días después del dictamen inicial de la Corte Constitucional y de la segunda vuelta de las disputadas elecciones presidenciales de junio.

Esa polémica reforma constitucional amplió notablemente los poderes del consejo militar a expensas del parlamento y de la Presidencia, órganos democráticamente elegidos.

Además de transferir la autoridad legislativa de la disuelta Asamblea Popular al consejo militar, el apéndice también dio a los jefes de las Fuerzas Armadas varias prerrogativas ejecutivas, entre ellas nada menos que el derecho a declarar la guerra.

“Según el apéndice, el presidente comparte las potestades ejecutivas con el consejo militar”, explicó a IPS el analista político Abdullah al-Sennawi. Es, “nada más y nada menos, que un golpe de Estado suave contra la transición democrática del Egipto posrevolucionario”.

Para algunos, la puesta en reversa de Morsi respecto de su decreto de la semana pasada es una decisión estratégica. La Presidencia, y por extensión la Hermandad, están haciendo acopio de fuerzas para el objetivo fundamental: derogar el apéndice constitucional.

“El retroceso de Morsi sugiere que su decreto fue un globo sonda para medir el poder de la Presidencia frente al consejo militar”, opinó Sherif. “Si la medida permanecía intocada y se permitía sesionar al parlamento, el mandatario hubiera podido dar más pasos para consolidar su poder con el propósito final de tumbar el apéndice y restringir el papel político que juegan los militares”.

Mientras tanto, los seguidores del mandatario volvieron a desplegarse en la emblemática Plaza Tahrir desde mediados de junio, en cantidades variables, para protestar contra la disolución de la Asamblea Popular y contra el apéndice constitucional. Muchos denunciaron también a la judicatura como “politizada” y “repleta de miembros” del derrocado régimen de Hosni Mubarak (1981-2011).

“Los últimos dictámenes de la Corte Constitucional confirman que el Poder Judicial, al igual que la mayoría de las instituciones del Estado, sigue lleno de leales a Mubarak con planes contrarrevolucionarios”, dijo desde la plaza a IPS el político Mohammad Aweida, dirigente del aún no legalizado Partido de la Unidad Árabe.

“La percepción de que los fallos de la Corte se están usando con fines políticos tiene asidero”, coincidió Sherif. Basta considerar “la asombrosa oportunidad de su veredicto inicial para disolver el parlamento, expedido apenas días antes de la segunda vuelta presidencial”.

“Más aun, a la Corte le llevó apenas 45 días arribar a su dictamen, cuando los fallos sobre grandes cuestiones constitucionales suelen llevar años”, agregó Sherif

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=101200

Movimientos sociales de toda España pretenden ocupar el Congreso el 25 de septiembre

El movimiento es de momento completamente anónimo, y desde las redes expresan: “Esta puede ser la próxima y definitiva movilización ciudadana a partir de la cual se inicie el proceso de cambio en el que se deje atrás el régimen vigente y se sienten las bases para una verdadera democracia“.

En esos términos tan ambiciosos se están difundiendo las primeras convocatorias de esta nueva propuesta, que irá creciendo a lo largo del verano, contando con numerosas fuerzas sociales, desde movimientos, funcionarios, trabajadores, desempleados, o incluso desde dentro del Congreso, de las fuerzas de izquierda, quienes se irán pronunciando estos días, o los propios funcionarios internos, que ya se manifestaron recientemente, quienes el mismo 15 de julio han organizado su propia acampada frente al Congreso sin esperar un día más.

Este evento del 15 de julio ha contado con más de 400 personas. La Policía se ha tomado la molestia de sellar completamente el Congreso,bloqueando con vallas todos los accesos, amenazando con multar y tomando identificación de numerosos manifestantes.

Igualmente, en Granada, numerosos empleados del sector público que tenían previsto concentrarse este domingo a las puertas del Palacio de Congresos de Granada, lugar en el que se ha celebrado el XIII Congreso Regional del PP-Ahan criticado la “cobardía” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al adelantar el cierre del congress para “evitar la vergüenza de tener que dar la cara”.

El movimiento que está surgiendo en torno al 25 de septiembre ya ha sido bautizado como “La Marea Destituyente” o “Movimiento de Autodefensa Popular”.

A continuación, reproducimos el manifiesto.

Nosotras, persona comunes hartas de sufrir las consecuencias de una crisis que no hemos creado, nos unimos para redactar este manifiesto e invitamos a toda la ciudanìa del Estado a unirse a las reivindicaciones que reclamamos en él. Consideramos que la situación ha traspasado todos los límites tolerables y que somos víctimas de un ataque sin precedentes que, utilizando la crisis como pretexto, está arruinando nuestras vidas, y cuyos culpables son quienes se han configurado como una oligarquía intocable, con la complicidad de todas las fuerzas políticas representadas en el parlamento, manipulando todos los poderes del Estado para mantener sus privilegios y enriquecimiento desmedido e ilícito. Ya no hay manera de ocultar que vivimos un gigantesco fraude social, con gobiernos que sistemáticamente nos mienten, haciendo exactamente lo contrario a sus compromisos electorales, y que no hay justicia alguna en los tribunales para los banqueros, políticos y empresarios culpables de la situación. Sólo vemos cómo esta casta implanta políticas que destruyen nuestros derechos y vidas, y cómo somos víctimas de una represión injustificable cuando demandamos un cambio en la situación. Creemos que el problema es de tal envergadura que su solución ya no pasa por los habituales mecanismos del sistema político, establecidos por esa casta para hacer de nosotras, las personas, lo que les parece, por lo que, en consecuencia exigimos:

- La dimisión del gobierno en pleno, por engañar al país de modo inconcebible y llevarnos al desastre, así como la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones generales

- Que esas elecciones generales sean para convocar una Asamblea constituyente, a fin de redactar una nueva Constitución, con la participación de todas las fuerzas políticas del país, pues no reconocemos validez alguna a la actual Constitución, redactada por una camarilla a espaldas del pueblo, y que consagró la dominación de los herederos del franquismo y quienes pactaron con ellos. Ha de ser el pueblo quién determine el modelo de Estado en el que quiere vivir, cosa que no sucede con el actual, que nos fue dado por esa camarilla y que responde exclusivamente a sus intereses.

- Una auditoría de la deuda pública de España, con una moratoria del pago de la deuda hasta haber delimitado claramente las partidas que no han de ser pagadas por la nación, pues han servido a intereses privados que utilizaron al país para sus propios fines y no los del conjunto de la ciudadanìa española. Igualmente, exigimos el procesamiento de todas aquellas personas que se demuestren sospechosos de tales maniobras, y que respondan con sus bienes en caso de resultar condenados.

- La reforma de la ley electoral, a fin de represente verdaderamente la voluntad del pueblo soberano, cosa que no sucede de ninguna manera con la actual.

- La derogación inmediata de todas las reformas llevadas a cabo por el Partido Popular, pues no sólo son un desastre para el país, sino que han sido impuestas a traición de la voluntad democrática del pueblo.

- Una reforma fiscal justa, que haga pagar más a quienes más tienen. Igualmente, exigimos la derogación de la amnistía fiscal decretada por el gobierno, cuya injusticia es una verdadera burla a los contribuyentes honrados

- La abolición de todos los privilegios de quienes ejercen responsabilidades políticas, y la implantación de mecanismos de control férreo del desempeño de sus funciones.

- La paralización inmediata de todos los desahucios, y la puesta en alquiler a precios baratos de las viviendas en propiedad de los bancos y cajas que ha sido ayudados con fondos públicos

- El reparto del trabajo existente entre todas, pues es una enorme falacia que haya que trabajar más, falacia sustentada en la avaricia de los grandes intereses y contraria a los de la gente común.

Por todo lo expuesto convocamos a la ciudadanía el día 25 de Septiembre de 2012 a manifestarse de forma indefinida en las puertas del Congreso hasta conseguir la dimisión del Gobierno y la apertura de un Proceso Constituyente, haciendo de éste, el llamamiento de unión de todas las luchas por una Sociedad más justa.

Somos la inmensa mayoría, somos el pueblo, tenemos razón, y no vamos a dejaros pasar.

(se irá informando de todos los pormenores de la acción).

LOS SINDICATOS PREPARAN OTRA HUELGA GENERAL

De manera análoga, y en consecuencia con las numerosas nuevas medidas de recortes del Partido Popular, y que no ha sometido a referéndum, los principales sindicatos del Estado, CCOO y UGT, amenazan con plantear una nueva huelga general antes de que acabe el verano. Por el momento, ya han propuesto una jornada de manifestaciones en todo el país el 19 de julio. En esta ocasión, se hará especial hincapié en acudir al Tribunal Constitucional durante la protesta, buscando que el Alto Tribunal se pronuncie sobre este “auténtico atropello”.

Fernández Toxo ha afirmado que si, a pesar de las movilizaciones que se preparan para las próximas semanas contra los ajustes, y de la petición de los sindicatos de que se celebre una consulta ciudadana, el Gobierno hace oídos sordos a estas demandas, entonces “habrá un desenlace inevitable”.

CIUDADANOS OCUPANDO SEDES DEL PP

Además, estos días también se ha vivido una jornada de especial tensión, con la amenaza, por parte de miles de ciudadanos, de ocupar sedes del PP, fundamentalmente la sede en Génova. De momento, se han producido numerosos desperfectos en bienes inmuebles de algunas de las sedes. El próximo 18 de julio se han convocado también caceroladas en todas las sedes del PP del país.

DEBATE SOBRE EL “FRAUDE ELECTORAL”

En España se pueden impugnar unas elecciones en caso aplicarse el concepto de “fraude electoral”, como consecuencia de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en sus citadas STCs 24/1990 y 25/1990, con ocasión de los referidos recursos, el art. 113 de la LOREG, conforme a la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 8/1991, de 13 de marzo).Cuando un Partido incumple las propuestas de su programa, se puede considerar que ha ganado las elecciones mediante “propaganda maliciosa”. En el caso del actual Gobierno, la medida tal vez más impopular ha sido la subida del IVA, después de haber hecho una campaña histórica contra la misma subida del IVA.

- https://www.facebook.com/pages/Ocup…

- Twitter: @ocupaelcongreso #ocupaelcongreso #AcampadaCongreso #GraciasFuncionarios #25S Proyecto de Autodefensa Popular

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article39385
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