Un juez asturiano abre la vía a la inconstitucionalidad de la ‘ley antidesahucios’ del PP

Justicia

El juez Joaquín Colubi Mier, titular del Juzgado número 7 de la localidad asturiana de Avilés, ha abierto la vía de inconstitucionalidad contra la Ley para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios (1/2013), aprobada en mayo por el Gobierno de Mariano Rajoy tras orillar las propuestas de la PAH. El magistrado ha elaborado dos autos en los que plantea que hay un artículo que priva de derechos a las personas que han contraído una hipoteca, mientras que sí favorece a las entidades financieras.

El artículo de la ley de protección que ha motivado los escritos del juez apunta que, si un juez de primera instancia determina “abusiva” una de las cláusulas de las hipotecas, los bancos y cajas de ahorro pueden recurrir, pero si la declara “no abusiva”, el ciudadano pierde ese derecho y no puede recurrir a instancias superiores. Este matiz, que refleja una clara falta de equidad, es lo que ha llevado al juez Colubi a promover la declaración de inconstitucionalidad.

A juicio del magistrado, se están vulnerando los artículos 14 y 24 de la Carta Magna, que garantiza el derecho a un trato no discriminatorio entre las partes en litigio. La decisión de elevar una cuestión ante el Constitucional, parte de la ejecución hipotecaria a dos ciudadanos de diferentes zonas de Asturias que, a consecuencia de la crisis, no han podido hacer frente al pago de las cuotas que exigían los bancos.

Los abogados de los afectados acordaron sugerir al juez la inconstitucionalidad de la ley, al contemplarse un doble rasero en la aplicación de los derechos de las entidades financieras que promueven la ejecución hipotecaria y de los ciudadanos que las sufren.

De momento, en el Juzgado número 7 de Avilés se han suspendido los procesos en curso sobre las ejecuciones hipotecarias. La decisión del juez Colubi sienta un precedente al que pueden acogerse abogados y jueces. Además, obliga al Congreso de los Diputados, al Senado y a los parlamentos autonómicos a que inicien un proceso de consulta y eleven un informe al Tribunal Constitucional.

Eldiario

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