Sin embargo, bajo esos intereses generales se esconde el mayor escándalo de la democracia española. El real decreto no ataja las causas reales del Déficit Tarifario y por contra es aprovechado para cargar contra las energías renovables y afianzar el régimen monopolista del mercado eléctrico español.

El primer punto a tratar es saber quien ha auspiciado la reforma eléctrica. Curiosamente términos como “peaje de respaldo”, “rentabilidad razonable de las energías renovables”, “incremento necesario de los costes fijos del sistema”, términos que aparecen como nuevos en la nueva Reforma Eléctrica, han sido acuñados previamente por la Eléctrica Iberdrola.

En el video al que se accede por el enlace “pinchar aquí” (la charla empieza a partir del minuto 30) se ve una charla en la que el señor Gonzalo Sáez De La Miera, Responsable de Prospección Regulatoria de Iberdrola Renovables, en el año 2012, un año antes de la Reforma Eléctrica acuña los términos antes mencionados. Si no fuera por la fecha en la que el Responsable de Iberdrola dio la charla, en la Feria GENERA, se diría que está explicando la reforma energética. 

Una vez que ya sabemos cómo se auspició la Reforma Eléctrica, y quién es el responsable de la misma, la compañía Iberdrola, vamos a analizar cómo se llevó a cabo. 

En un país serio, esta relación entre el Gobierno y una eléctrica como Iberdrola como mínimo se investigaría. Aquí… no.

La empresa Nuclenor, propiedad al 50% entre ENDESA e Iberdrola lanzó a finales del año pasado un órdago al gobierno español, proponiendo el cierre de la central nuclear de Garoña, de la que posee el 100%.

Pero la climatología y las condiciones económicas crearon una excusa perfecta para justificar la reforma eléctrica. Un año de excepcional pluviometría y un oportuno Real Decreto Ley, concretamente el  RLD 2/2013, que obligó a la energía eólica a cobrar la energía vertida a la red a tarifa eliminando la posibilidad de acudir al mercado y cobrar una prima como se había hecho hasta entonces, disparó el déficit de tarifa como nunca se había hecho antes.

Las compañías eléctricas en un año de caída de la demanda limitaron las exportaciones a Francia y pusieron toda la hidroeléctrica a trabajar. La demanda eléctrica en España se cubrió con las fuentes nucleares y carbón, junto con eólica e hidroeléctrica, cayendo el precio del mercado de la energía a mínimos históricos, del orden de 18 €/MW·h.

El oportuno RLD 2/2013 que había entrado en vigor el 1 de febrero, en plena campaña eólica (los meses de mayor producción eólica en España coinciden con invierno y primavera) aumentó en más de 1.000 MM € el dinero que recibieron las empresas eólicas respecto a lo que debería haber recibido si hubieran seguido en el sistema tradicional de cobrar precio de mercado más prima.

Con un precio de la energía en mínimos históricos las primas recibidas por las centrales eólicas fueron directamente a engordar el Déficit Tarifario, sirviendo en bandeja las excusas para el RDL 9/2013, como se señala además en el propio decreto:

En este párrafo se ignora los efectos que sobre ese sobrecoste ha tenido el RDL 2/2013. Se puede concluir que las eléctricas bajaron conscientemente el precio de la energía mediante las centrales hidroeléctricas y el gobierno aumentó el Déficit Tarifario mediante el RDL 2/2013. 

La promulgación de un decreto como el RDL 2/2013, en la fecha en la que se promulgó, con un otoño y un invierno que habían llenado los embalses españoles, en un año de demanda excepcionalmente baja y sin previsión de aumentar, y anunciado además por el gobierno en sus previsiones de crecimiento económico, ligado a la demanda eléctrica, daría a pensar o que bien el gobierno ha actuado de forma altamente negligente, lo cual le deslegitimaría por completo, o peor aún, con una profunda mala fe.

El RDL 9/2013, saltándose cualquier legislación española y comunitaria, suspende el hasta entonces vigente RD 661/2007, que regulaba en precio y en el tiempo las primas a recibir las tecnologías acogidas al régimen especial de producción de energía eléctrica. Esto es algo sin precedentes en el estado de derecho y la comunidad europea, donde la seguridad jurídica es fundamental para la estabilidad de los mercados. En la página 22862 de dicho decreto se pueden consular los períodos de tiempo que aseguraba la percepción de la prima para las diferentes categorías. 

La retroactividad viene desde el momento en el que se suspenden las primas que recibían las renovables, primas que el RD 661/2007 garantizaba en el tiempo, lo que como consecuencia directa tiene que los inversores que han apostado por las energías renovables no podrán hacerse cargo de las deudas contraídas.

No debemos olvidar el hecho de que las centrales que funcionan con energías renovables tienen unos costes de operación y mantenimiento reducidos, por lo que el mayor coste viene dado por los costes de amortización, y es de prever un apalancamiento importante, o lo que es lo mismo, que se encuentran financiadas a largo plazo.

Teniendo en cuenta que por ejemplo la solar fotovoltaica comenzó en 2004 en España y tuvo su auge en 2008, y que se trata de una tecnología con un período de amortización medio de 12 años, la inmensa mayoría de las centrales fotovoltaicas españolas no están amortizadas y aún deben gran parte de los créditos bancarios, más aún en un país donde la “amortización francesa” donde se pagan más intereses inicialmente y se amortiza al final de la vida del crédito. Aunque el gobierno habla de una “rentabilidad razonable” del 7’5%, la realidad es que pretende implantar un sistema de retribución fijo basado en el bono español a 10 años más 300 puntos básicos, y una revisión a 6 años, por lo que la refinanciación, y a los tipos de interés actuales de la banca en España, es inviable, tanto para el inversor como para la banca.

Es de prever que gran parte de las inversiones renovables en España acaben en el Banco Malo o SAREB, del que casualmente es Iberdrola uno de sus accionistas. Se calcula que pueden acabar en ese banco más de 30.000 MM €, y esas pérdidas las asumirá el estado español de una u otra manera, aparte de dejar arruinadas a más de 50.000 familias que han invertido en energías renovables.

Pero el problema de la retroactividad no acaba ahí. Por un lado, el promulgar leyes con efectos retroactivos da lugar a una inestabilidad jurídica para los inversores que puede hacer inasumible cualquier acción a medio plazo en España. Y no nos olvidemos que es el mercado interno el que da estabilidad al país, y que el mercado interno necesita estabilidad de los consumidores, y que la inmensa masa de los consumidores la componen trabajadores, y que los trabajadores para poder consumir necesitan estabilidad en sus empleos, y que la mayor masa laboral estable se encuentra en empresas establecidas a largo plazo, y que si no hay seguridad jurídica, este tipo de empresas necesarias para crear empleo estable es muy difícil que se establezcan en España.

Y por otro lado, en un sector regulado como el energético la inseguridad jurídica da lugar da una ventaja competitiva importante a ciertas empresas, las que manejan esa inseguridad como Iberdrola, frente a otras, dejando un sector funcionando en régimen de oligopolio en el que 4 empresas controlan el sector.

Las centrales de producción de energía se pueden dividir en tres tipos. Las no gestionables, las no predecibles y las gestionables. Entra las no gestionables nos encontramos a las centrales nucleares y las de carbón. Aunque la propaganda oficial habla de que las energías renovables son las no gestionables, la realidad es que éstas son las mencionadas, y son así porque o trabajan al 100% o están paradas.

Las renovables son no predecibles, ya que es muy difícil predecir su producción, aunque los estudios estadísticos permiten predecir su producción anual y las predicciones meteorológicas permiten predecir la producción a medio plazo. Y los avances en este campo permiten mejorar esta predicción tanto a corto como a medio plazo.

Por último, están las centrales gestionables, que son principalmente las hidroeléctricas y las de ciclo combinado de gas.

En el funcionamiento del sistema eléctrico, las primeras y las segundas cubren los consumos fijos, mientras que las gestionables son las que cubren las puntas de consumo. La base del consumo viene a ser de alrededor de 24.000 MW de potencia, y la gestión máxima viene a ser alrededor de 14.000 MW, aunque hay que decir que de esos 14.000 MW, cerca de 5.000 MW se cubren diariamente con solar fotovoltaica, que produce en puntas.

Y respecto a los ciclos combinados, hay que decir que se componen de dos centrales en una, una turbina de gas, con un rendimiento de alrededor del 30% y unida a ella y aprovechando sus gases de escape una central térmica convencional, con un rendimiento del 20%. las centrales obtienen sus altos rendimientos cuando se encuentran en el punto óptimo de funcionamiento, y aunque pueden arrancar y parar con relativa velocidad, no tienen una capacidad de regulación importante, ya que operar fuera de punto reduce mucho sus rendimientos. 

En realidad los ciclos combinados no regulan, sino que entran en escalón, de 800 MW en 800 MW, que es la potencia típica de estos sistemas…

Los costes del sistema, como en cualquier sistema, se dividen en costes fijos y costes variables. En el sector eléctrico es muy difícil separar los costes fijos de los variables, y además, existe un riesgo político importante, ya que si los costes variables son muy bajos respecto a los fijos, se fomenta el despilfarro energético ya que no resulta rentable invertir en eficiencia energética. En una central nuclear, por ejemplo, se podría considerar que todos sus costes son fijos, ya que trabaja siempre al 100% de carga, pero también se podría considerar que sus costes son todos variables ya que al ser su producción anual fija y predecible, es muy sencillo determinar cual es el coste de producción por KW·h.

Lo lógico sería pensar que si se suman todos los costes fijos del sistema, y se calcula la demanda previsible anual, añadiendo lo que cuesta producir esa demanda, y añadiendo los márgenes para los operadores, se podría calcular fácilmente cual sería el coste del KW·h.

Sin embargo, el sistema no funciona así. Los costes se separan en costes fijos y variables, y los ingresos provienen de una factura que tiene un término de potencia (término fijo) y un término de energía (término variable)

En principio, la suma de unos y de otros debería ser igual, pero nos encontramos que la suma de los costes es superior a la de ingresos, y que esa diferencia genera el Déficit de Tarifa.

¿Es eso cierto? ¿Es posible que en un sistema similar al de otros países del entorno nuestro sistema eléctrico sea más caro y deficitario?

Lo es, pero porque está mal regulado.

Y la trampa aparece en el término variable de la energía. A pesar de que el RDL 9/2013 habla de sobre retribuciones a las energías renovables, obvia o pasa por alto las sobre retribuciones que reciben las energías convencionales.

Explicado en pocas palabras. A las eléctricas se les ha reconocido gran parte de sus costes como costes fijos. El adelgazar de costes las centrales de producción hace que los costes fijos del sistema aumenten.

En los costes variables aparecen los costes de producción a los que se suman otro tipo de costes variables y la parte de costes fijos que no se puede cubrir con el término de potencia que se cobra a los usuarios mediante el término de energía.

Los costes de producción se obtienen del pool eléctrico, que es la subasta energética diaria, y ahí es donde se esconde la trampa de las eléctricas.

El pool o subasta eléctrica determina cual va a ser la demanda horaria que va a haber diariamente. Cada hora los diversos agentes de producción pujan por sus centrales, ofreciendo la energía a un precio determinado. El paquete de renovables entra si o si, a no ser que REE determine que en determinadas redes no puede entrar ese día energía y paralice principalmente parques eólicos. La energía nuclear y la del carbón se aseguran que entrarán al 100 % de carga, pujando a un coste 0. Las eléctricas deciden si algún embalse debe entrar, pujando a un precio relativamente bajo (hasta 30 €/MW·h los más caros) y posteriormente entra el gas de los ciclos combinados. Éstos entran a 50 €/MW·h los más desesperados hasta 70 €/MW·h los de las eléctricas, e incluso más en épocas donde el gas está caro.

Pues bien, una vez que se ha sumado horariamente cual es la energía que aporta la nuclear y el carbón, y la predicción de las renovables, empieza a entrar el gas, a las pujas que se han hecho, hasta alcanzar la oferta en energía a la demanda prevista.

Entonces se para el precio de la puja, y se ve a que precio ha entrado el último pujante, que generalmente es gas, que entra entre 50 y 70 €/MW·h. Y a ese precio recibirán todas las tecnologías su retribución.

Las renovables recibirán un complemento en forma de prima, o directamente una tarifa fija independientemente del pool, en función de la energía aportada al sistema.

Las fuentes convencionales de energía han adelgazado convenientemente sus costes fijos, y los costes variables que declaran son muy bajos, por lo que la retribución que reciben en el pool cuando esta a la media de 55 €/MW·h ronda el 350% de margen comercial en el caso de las nucleares o del 200% en el caso de las de carbón, muy alejadas por lo que se ve del 7’5% de retribución razonable para las renovables que pregona el RDL 9/2013.

También es cierto que esto no se da las 24 h del día, sino en las puntas. Ya hemos mencionado antes que hay 24.000 MW de potencia que se cubren en horas valle, y que esa potencia la cubren entre las nucleares, las renovables y el carbón, mientras que la fotovoltaica y el gas cubren las puntas.

Analizando el pool parecería que las renovables son unas fuentes de energía caras y que sus primas son injustas porque reciben una retribución por encima de los costes del sistema. Además, esa sobre retribución viene del término variable de la factura eléctrica, por lo que encarece mucho la factura al consumidor final. Con esos argumentos es muy fácil demonizar a estas fuentes de energía. Y además, hay que tener en cuenta que las primas se suman directamente al término de energía, engordándolo, por lo que es muy fácil relacionarlas con el déficit de tarifa.

Pero esto no es del todo cierto. Es cierto que las energías renovables reciben una prima adicional, que se cobra en el recibo de la luz a los usuarios a través del término de energía, tal y como señala perfectamente la manipuladora calculadora de UNESA. Pero es que el resto de las fuentes de energía reciben la misma o superior prima, pero desde el término fijo del sistema, del término de potencia, y es precisamente esta prima la que va a engordar el Déficit Tarifario.

No nos olvidemos que las eléctricas, a través de los “costes reconocidos” que no auditados del sistema, han trasladado sus costes fijos al término fijo de potencia, y han entrado en el pool a unos costes muy adelgazados. Pero las renovables entran con el 100 % de sus costes, ya que no han podido trasladar ninguno de ellos como “costes reconocidos” del sistema. La prima que reciben simplemente les reconoce que entran a competir con el 100% de sus costes y la remuneración que reciben es justa, acorde a los costes reales de producción.

Sin embargo, las fuentes convencionales reciben una remuneración en función de sus costes variables, con unos márgenes comerciales brutales, y cubren sus costes fijos a través del término fijo de potencia, un término fijo que además supone una tarifa plana con unos sobrecostes brutales para el consumidor.

Por ejemplo, si un consumidor industrial durante un cuarto de hora en un mes consume en su proceso industrial 280 KW, aunque el resto del mes la media sea de 100 KW y la siguiente punta sea de 130 KW, se le facturará todo el mes un término de potencia de 280 KW, como si hubiera usado realmente todo el mes 280 KW. En cambio, las renovables funcionan en un régimen más acorde al mercado, ya que todas sus retribuciones provienen del término variable o de energía del sistema.

Por tanto, las renovables reciben una prima, es cierto, del término de energía, pero a las convencionales el pool les permite unos beneficios extraordinarios mientras las primamos a través del término fijo de potencia.

Si hay una tecnología renovable particularmente demonizada esa es la solar fotovoltaica. Se dice que recibe una prima desproporcionada y que es la responsable del Déficit de Tarifa. Pero hay analizar por qué precisamente esta fuente de energía es la más demonizada por las eléctricas. Y la respuesta la tenemos en el sol. El muy puñetero va y no se le ocurre otra cosa que salir de día, y producir 5.000 MW de energía en puntas. Precisamente cuando las puntas de potencia se cubren con gas y aumenta el precio del pool. Y esos 5.000 MW suponen un tercio de la energía demandada en puntas.

Ni que decir tiene que si de los 14.000 MW demandados en puntas, todos se cubrieran con gas, el precio del pool aumentaría más y el beneficio que proporcionan la energía nuclear y carbón a las eléctricas aumentaría en esa proporción. Pero el gas sólo cubre 9.000 de esos MW porque los 5.000 restantes los cubre la solar fotovoltaica, la satánica solar, el pagano Dios Ra.

Y ya no valen las excusas de que se paga mucho por esa tecnología, porque en estos momentos la solar fotovoltaica, gracias al esfuerzo realizado, está prácticamente en paridad de red, pero el borrador de Decreto de Autoconsumo la sigue persiguiendo y demonizando.

Y no vale decir que en el pasado se adquirieron compromisos inasumibles, porque esos compromisos son perfectamente asumibles desde el momento en el que el coste de la fotovoltaica está perfectamente acotado, y disminuye año a año respecto al sistema eléctrico ya que el aumento de su retribución es muy inferior al aumento de los costes del sistema.

Hay que decir cual es la verdad de esa demonización, y es porque sustituye a los ciclos combinados de gas, que como ya hemos mencionado en este artículo, no son realmente tan gestionables, no es controlable su coste variable por la volatilidad del precio del gas y hay un sobredimensionamiento muy importante del sistema eléctrico por culpa precisamente de esos ciclos combinados.

Se ha repetido hasta la saciedad de que el Déficit de Tarifa viene por la imposición del gobierno de unas tarifas eléctricas por debajo del coste eléctrico. Incluso su propio nombre no indica lo contrario, se trata de un déficit o pérdida motivado por la tarifa. Pero lo único cierto es que una mentira, por muchas veces que se repita, incluso hasta la saciedad, no se acaba nunca convirtiendo en una verdad. La mentira se puede demostrar buscando la respuesta a la pregunta de cómo es posible que las eléctricas tengan unos beneficios tan elevados si están vendiendo su producto por debajo de coste y adquiriendo unos apalancamientos tan importantes. Efectivamente, no hay respuesta.

Y otra pregunta, ¿cómo es posible que el Déficit de Tarifa se dispare cuando es totalmente previsible y acotado el coste de la fotovoltaica en España, sobre todo desde que se limitan las horas de sol gracias al RDL 4/2010? Nadie tiene la respuesta a esta pregunta, debe ser un milagro de la matemática.

Partiendo de ese mito del origen del Déficit de Tarifa, y analizando la factura eléctrica, tal y como hace por ejemplo la calculadora de UNESA (Patronal eléctrica del sector) da la sensación de que la culpa de ese sobrecoste lo tendrían las primas al Régimen Especial.

Pero nada más lejos de la realidad. En el sector energético existen nombres muy comerciales para determinados términos o elementos que no se corresponden con la realidad. Lo mismo que el Gas Natural tiene un acertadísimo sobrenombre que da la sensación de que se trata de una fuente de energía limpia e inagotable, prácticamente renovable, cuando no es mas que un contaminante combustible fósil como el propio petróleo, el Déficit Tarifario no corresponde su nombre con la realidad.

Ya hemos analizado el sistema eléctrico español y cómo funciona. Obviamente si se aumentan los costes fijos por culpa de lo que se denomina “costes reconocidos” a las eléctricas, parte de ese coste fijo se cubrirá con lo recaudado como término de potencia. Otra parte irá a la parte variable del sistema y se recaudará mediante el término de energía. Pero la suma de lo recaudado por el término de potencia y el término de energía no es suficiente para cubrir los costes, a no ser que se aumente a niveles inasumibles los precios de la energía, en un país donde ya se soportan unos de los costes energéticos más altos de Europa. Para cubrir el resto de los costes el gobierno aprueba una serie de medidas que se resumen en el Déficit de Tarifa.

Y estas medidas no son ni más ni menos que permitir a las eléctricas endeudarse con la banca por esa diferencia de costes que no pueden ser asumidos por el sistema regulatorio actual, y el Estado avala esos créditos.

O lo que es lo mismo, mientras las eléctricas engordan los beneficios gracias al pool, declaran unas pérdidas que son cubiertas por el estado. En la actualidad esas perdidas financiadas llegan a los 26.000 MM €.

El problema del sistema eléctrico español viene por el pool. Si las eléctricas se vieran obligadas a asumir los costes fijos de las centrales nucleares y de carbón, rescatándolos del término fijo, y asumiendo los costes reales de producción energética, se verían reducidos enormemente sus márgenes en horas punta. Pero en coste de producción en horas valle sería inasumible para el sistema, y se verían muy perjudicados los intercambios internacionales. Ahora gracias a los bajos costes reconocidos a las eléctricas en la producción energética nuclear y de carbón, se permite vender a muy bajo precio la energía de noche a Francia. Si esos costes aumentaran, Francia no compraría la energía y la tarifa valle aumentaría considerablemente.

Pero esto ocurre con el sistema actual, y se mantiene con la reforma energética. El sistema es claramente discriminante para el resto de las fuentes de energía, ya que con esa excusa otorga ventajas competitivas importantes a las eléctricas y unos beneficios extraordinarios.

El tema del Déficit de Tarifa es como poner a la zorra a cuidar las gallinas. Son las eléctricas las que deciden cuales son los costes fijos de sus sistemas y cual es la cantidad que asignarán a este menester. A esto hay que sumar la contabilidad ficticia proveniente de la burbuja inmobiliaria donde se realizaron miles de urbanizaciones en España encargándose de pagar la infraestructura eléctrica el promotor y que luego cedía gratuitamente a la compañía eléctrica, compañía que debía dar un valor contable a esas instalaciones, cuya amortización va directamente a engordar los gastos fijos del sistema y al Déficit de Tarifa.

Si a estos costes sumamos los costes de Operación y Mantenimiento de residuos nucleares o de operación de centrales hidroeléctricas paradas o de las reversibles que bombean por la noche, amén de las primas del carbón, que también van a la parte fija de los costes del sistema, nos encontramos que bien gestionadas las centrales de producción, con paradas técnicas oportunas o metiendo más o menos hidroeléctrica en el sistema son capaces de controlar el precio del pool o subasta eléctrica, sustituyendo energía proveniente de la hidroeléctrica (cuyos costes van en su mayor parte al Déficit de Tarifa) por gas (que sube el precio del pool, por el alto coste de la materia prima, el gas natural).

Y las eléctricas manejando convenientemente estos parámetros (tienen las herramientas para ello) son capaces de generar pérdidas al sistema (acumuladas en el Déficit de Tarifa) a la vez que aumentan considerablemente sus beneficios (gracias al pool).

El injusto castigo a las renovables

El Real Decreto Ley 9/2013 y la propaganda gubernamental dice que el Déficit de Tarifa es un problema excepcional de estado (aunque ya hemos señalado que es un problema que sería necesario auditar y reestructurar) y que es necesario repartir este problema proporcionalmente entre todos los actores. Y redistribuye ese problema introduciendo el término “rentabilidad razonable” para las renovables (término que como se ha visto en el video arriba colgado ya lo anunció el señor Saez de la Miera de forma premonitoria un año antes) ajustando su rentabilidad a la que ofrecen las fuentes convencionales.

Pero volviendo a la realidad, ya hemos dicho que todo el sistema eléctrico precisa de fuertes inversiones y que su recuperación es a medio plazo, entre 10 y 20 años, por lo que generalmente todas las fuentes de producción de energía tienen un fuerte apalancamiento (generalmente del 80 al 100% sobre el capital necesario para construir las centrales), un problema típico de todo el sector, y la recuperación de esos créditos viene a ser de entre 10 y 20 años.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el sistema ordinario español tiene un parque antiguo, ya que las centrales de carbón, hidroeléctricas y nucleares tienen de media más de 40 años, mientras que las renovables se desarrollaron principalmente a partir de 2006, con una media de edad de apenas 6 años, se puede concluir que el apalancamiento de las primeras es prácticamente nulo mientras que el de las segundas es muy alto, agravado además por el tradicional método francés de cuotas iguales que utiliza la banca para la financiación, que amortiza poco al inicio y más al final.

El concepto de rentabilidad razonable en realidad esconde dos trampas. La primera, que se pretende una rentabilidad basada en el bono español a 10 años más 300 puntos básicos, y eso supone el 7’5% ahora. En un horizonte de mejora económica (desgraciadamente no previsible) esa rentabilidad se estabilizaría en el 5%.

Y la segunda trampa, es que esta rentabilidad se revisaría dentro de 6 años, lo cual impide una estabilidad en los ingresos, en unas centrales de fuerte apalancamiento. Estas dos trampas impiden incluso una refinanciación de las centrales de régimen especial, ya que no podrían hacerse cargo de sus obligaciones ni a los tipos de interés actuales de la banca, ni es posible una amortización a 6 años.

Esto hará que gran parte de la inversión en renovables del país se desmantele, dejando una importante deuda a la banca, que recuperará a través del Banco Malo o SAREB, del que por cierto, uno de sus principales accionistas es precisamente Iberdrola.

El negocio de la comercialización de la energía en España es de alto riesgo. Las empresas comercializadoras compran la energía en el mercado libre y lo venden directamente a los consumidores. En muchos casos les cobran a estos consumidores el término de potencia, para pagar a las distribuidoras. El riesgo de estas empresas es que con un margen reducido por la alta competitividad deben hacerse cargo de un apalancamiento financiero importante, ya que ellas deben adelantar la compra de la energía y facturan a fin de mes, cobrando en muchos casos en los primeros 10 días del mes siguiente.

En un sistema como el planteado de reducción de los precios de la energía consecuentemente se reducen los márgenes comerciales, manteniéndose los costes fijos financieros y apareciendo un riesgo añadido, que es el de la variabilidad del precio en origen de la energía al aumentar la dependencia del gas y su volatilidad de precios.

Tecnologías como la fotovoltaica, la eólica o la cogeneración han alcanzado la paridad en costes con la red. El futuro de las redes eléctricas será un futuro descentralizado, donde la generación se realice en el propio lugar de consumo, donde el apalancamiento financiero del sistema se traslade a los autoproductores, cobrando cada vez más importancia los costes variables del sistema y logrando penetraciones importantes de fuentes renovables en el sistema. Este futuro permitirá la reducción de las grandes líneas de transporte, líneas además que se gestionarán cada vez por energía de origen eólico junto con sistemas de ciclos combinados que se irán sustituyendo por centrales de biomasa, en un futuro tendente a reducir la dependencia externa de hidrocarburos, un futuro donde además el coche eléctrico cobrará una alta importancia respecto a los que consumen gasolinas.

Sin embargo, el borrador de Decreto de Autoconsumo introduce términos como “peaje de respaldo”, acuñado premonitoriamente por el señor Sáez de la Miera en su magistral charla de 2012, peaje que deberán pagar los autoproductores a las compañías distribuidoras, exigiéndoles para poder ser rentables a estas tecnologías rentabilidades similares a las de las contaminantes centrales de ciclo combinado.

Y el perverso decreto no sólo cobra la energía producida, sino que además la energía producida (y cobrada por la distribuidora) que se vierta a la red, no tendrá ningún tipo de retribución, por lo que esa energía ya cobrada por la distribuidora podrá ser vendida de nuevo a precio de mercado en el pool por las distribuidoras. Y por si no fueran pocos los palos puestos por ese decreto en la rueda del progreso, hay que sumar otras lindezas como la obligatoriedad de hacer telemedida (cuyos gastos obviamente paga el productor) y ceñirse a las normas de la compañía eléctrica sin que estas tengas que ser previamente aprobadas por el departamento de industria de la comunidad autónoma correspondiente.

Por tanto, este Decreto elimina la posibilidad de que nadie se acoja a esa modalidad de autoconsumo.

Y además, aparecen regulaciones absurdas, como el impedir conectar sistemas de almacenamiento a la red eléctrica como señala el RD 1699/2011. ¿Cómo pueden limar los términos de potencia los usuarios de esa manera? Hay que señalar que cuando la potencia contratada es variable, se pagará todo el mes por la mayor potencia usada de la red ese mes, aunque sea puntual, en vez de por medias ponderadas, y el mencionado decreto no permite la generación asistida almacenando en baterías u otro sistema para limar esas sobrepotencias, y el Decreto de Autoconsumo obligaría a pagar el Peaje de Respaldo en caso de usar otros sistemas como generadores de gas.

La eliminación de las primas a las renovables va a limitar su desarrollo y va a convertir en un coste fijo lo que antes era variable. La  retribución razonable no es otra cosa que eliminar gran parte de la competencia en eólica y adquirir a bajo precio lo más interesante de la fotovoltaica. El hablar de retribución fija, por la inversión realizada no es otra cosa que convertir estas fuentes de energía en un coste fijo. Por tanto, se reduce el coste de las renovables, cuyas primas desaparecen y se reducen. Y al aumentar el término de potencia se abarata considerablemente el término de energía. El término de potencia va a engordar a las empresas distribuidoras, que en su día tuvieron gran apalancamiento, pero que en la actualidad tienen instalaciones ya amortizadas, y a REE, que necesitará invertir ya que el nuevo planteamiento eléctrico vuelve a sistemas centralizados de energía.

Además, la introducción del término “peaje de respaldo” en la legislación de la autoproducción energética para autoconsumo limita la actividad de este tipo de instalaciones, desde el momento que esos peajes son exorbitados (más del 50% del coste de producción en la mayor parte de las tecnologías) y aparecen unos costes fijos (necesidad de telemedida tanto en producción como en compra) y por último, los excedentes se regalan a la compañía distribuidora.

Así pues, se crea un sistema monopolístico en producción (nuclear, carbón, hidroeléctrica y gas principalmente), en distribución (que es la que acaparará gran parte de la factura eléctrica) y se limita el mercado de comercialización, por los estrechos márgenes que obtendrán las empresas comercializadoras, que unido al alto costo financiero y a la variabilidad del precio de la energía por culpa de las centrales de ciclo combinado y que centra el precio de la energía en origen y limita el precio de venta de la energía al consumidor final, hace que las comercializadoras tengan un crecimiento muy limitado y de alto riesgo.

Pues ahí hay otro dilema que nuestro excelente gobierno no ha calculado. Creemos que nadie ha valorado que las vida útil de nuestro sistema nuclear finaliza entre 2021 y 2028, excepto Cofrentes que al parecer podrá aguantar hasta 2034. Hay que recordar que estamos en 2013, por lo que quedan entre 8 y 15 años para que España se vea obligada a desmantelar su parque nuclear.

¿Alguien ha pensado cómo se va a sustituir este parque nuclear? Nuevas nucleares no. Las de última generación, esas que no generan residuos y que no consumen combustible, pues como que están colocándose las primeras en plan experimental. Y además es tecnología europea, mientras que la tecnología y los compromisos españoles son con los americanos.

Una central nuclear no se hace en 2 años. Se precisa un mínimo de 12 años para ponerla en marcha, entre permisos, tramitaciones, determinar la tecnología a utilizar, que la aprueben a nivel mundial para saber a quien se compra el combustible, etc.

Y después de la moratoria nuclear, no parece que el futuro pase por la energía nuclear. Y la alternativa que nos queda son los ciclos combinados de gas. O lo que es lo mismo, generar una dependencia energética brutal.

Ah, está el tema del fraking, es cierto… pero hay un problemilla. Cada pozo produce de media 20 m3 de gas al día. Y cada central de ciclo combinado consume… 6.600 m3 al día, por lo que son necesarios 330 pozos por cada central de ciclo combinado, con una vida media de 6 años por pozo. 

Sólo los 26.000 MW instalados en la actualidad precisarían de 10.725 pozos, que deberían ser renovados cada 6 años. O lo que es lo mismo, vamos a dejar España como un queso de gruyere.

El futuro mundial pasa por la generación distribuida, pero el RDL 9/2013 la limita a casos aislados. En pocos años vamos a tener un problema energético de muy difícil solución.

La reforma eléctrica, planificada por Iberdrola, camina hacia un sistema anticuado, monopolístico, caro e insostenible. Aumentará el precio global de la energía, con lo que la competitividad de las empresas españolas volverá a disminuir, disminuyendo por tanto los ingresos del estado por impuestos tanto directos (de las empresas) como indirectos (de los trabajadores que verán reducidos sus salarios)

La quiebra de gran parte de las empresas fotovoltaicas y parte de las eólicas creará un nuevo problema a las entidades financieras, que necesitarán una nueva inyección económica, estimada en unos 30.000 MM €, que tendrán que provenir de deuda pública y de ayudas de la CE.

Y los consumidores, que sufrirán un aumento desproporcionado de la factura eléctrica.

Pero no sólo eso. Cualquier actuación en eficiencia energética es inútil, ya que la rentabilidad de estas actuaciones se limita. Las empresas instaladoras verán disminuidas sus posibilidades de actuación, por la limitación del autoconsumo. Se perderá tecnología, puestos de trabajo y riqueza.

Pero esto no sólo afectará al sufrido pueblo español. Los inversores europeos verán peligrar sus inversiones, y las empresas que han invertido en España, grandes multinacionales, verán limitados sus beneficios cuando no se encuentren con pérdidas por el aumento de los costes de explotación y la disminución del mercado interno. Aquellos europeos que hayan adquirido una segunda vivienda en España para su descanso, se encontrarán con una factura de la luz exorbitadamente alta incluso en los meses que no usan la vivienda.

Las empresas españolas tendrán limitaciones a la hora de abordar nuevos mercados ya que les será muy complicado reducir la huella de CO2 de sus productos, empresas en muchos casos pertenecientes en su accionariado a inversores europeos.

Y lo que es más importante, Europa no puede permitir que en uno de sus estados miembros se hagan leyes con efectos retroactivos que crean inseguridad a los inversores, no solo en España, sino en toda la zona euro, o que otorguen predominancia de mercado a empresas monopolísticas que luego venden sus productos en otros países con ventaja, y Europa no puede permitirse el lujo de perder el mercado español.

Es más, las empresas implicadas en este escándalo actúan a nivel internacional. Iberdrola, E.On, EDP y Fenosa están presentes en los mercados europeos. La trampa del sistema eléctrico español les permite realizar prácticas de dumping en otros países adquiriendo posiciones de privilegio en esos mercados frente a empresas locales. Y además, ¿Quién dice que lo que han hecho en España no lo pueden realizar en otros países europeos?

El apostar por un sistema de los años 50, basado en la producción centralizada de energía, en el siglo XXI trae consigo una serie de problemas importantes, que a medio y largo plazo se pagarán muy caros en España: – Es preciso el desarrollo de líneas de transporte y grandes subestaciones para alimentar núcleos energéticos aislados, limitando el crecimiento de las zonas rurales y de las redes de distribución.

– El acceso energético a las grandes ciudades precisa de infraestructuras eléctricas importantes por zonas urbanas, con el consiguiente riesgo para la salud.

– El aumento del consumo por la no incentivación del ahorro energético aumentará la dependencia externa de hidrocarburos.

– El modelo frena el desarrollo del vehículo eléctrico, de las energías renovables y del desarrollo tecnológico, limitando el crecimiento económico español en sectores considerados claves a nivel mundial.

– La competitividad de las empresas se ve limitada por los altos costes energéticos y la destrucción del mercado interno provocado por un sector clave para la economía del país.

– El aumento de la ineficiencia energética fomenta el despilfarro e incumple compromisos internacionales, tanto españoles como europeos referentes a la reducción de emisiones.

– No hay un planteamiento a futuro, ya que no hay siquiera un pensamiento en que la energía nuclear va a desaparecer en España en los próximos 15 años, y no se plantea una alternativa asumible.

Que Felipe González o José María Aznar, dos ex-presidentes españoles cada uno de uno de los partidos predominantes trabajen como asesores en Gas Natural o Endesa son tan sólo dos ejemplos de lo que se puede esperar del gobierno. La profunda desinformación sobre el sector, las mentiras reiteradas y la criminalización de la competencia por parte de las empresas predominantes durante los últimos años, así como una enrevesada e irreproducible legislación al respecto hacen muy complicada la defensa de un sector limpio.

En un país donde no existe siquiera una ley de transparencia para los políticos, por contra existe un Decreto incriminatorio de la energía solar fotovoltaica que obligó a la Comisión Nacional de la Energía a auditar todas y cada una de las centrales instaladas en España, sancionando a muchas de ellas no por irregularidades técnicas, sino por defectos de forma en la documentación presentada.

La quiebra del sistema eléctrico español no viene por las primas a las renovables, sino por una serie de problemas regulatorios, que además no ataja la reforma eléctrica

– Permite a las eléctricas asignar libremente cuales de sus costes van a costes fijos y cuales a variables, siendo los fijos no cubiertos los que se financian a través del Déficit de Tarifa por medio de créditos de la banca por los que responde el estado.

– El sistema de subasta eléctrica o pool permite a las eléctricas controlar el precio de la energía y generar beneficios muy altos en producción.

– En los últimos 10 años ha aumentado desproporcionadamente la potencia instalada en ciclos combinados de gas, hasta alcanzar los 26 GW de potencia, el 50% de la potencia demandada por el sistema. Estas centrales están trabajando al 25%, pero los costes de amortización los trasladan las eléctricas al Déficit de Tarifa.

– Se ha producido una reducción drástica de la demanda eléctrica, sobre todo de grandes consumidores, por el alto precio de la energía.

Mediante la Reforma Eléctrica además:

– Al aumentar el término de energía y prohibirse de facto los sistemas de autoproducción energética se aumenta el despilfarro energético.

– Se frena el desarrollo del los sistemas basados en generación distribuida por lo que se pierde competitividad.

– Se aumenta la dependencia del gas por la desaparición paulatina de las renovables, debido a que aún no están amortizadas.

– La mayor penetración del gas aumentará el precio del término de energía a corto plazo, por lo que no sólo no se atajará el problema de la carestía de la energía, sino que aún aumentará más, al aumentar los costes para el consumidor, tanto del término de potencia como del término de energía, aumentando además los beneficios para las eléctricas al aumentar este precio en el pool.

Y lo peor de todo es que ninguno de los afectados, productores de renovables, consumidores, comercializadoras o sociedad en general, encuentra un apoyo político, ya que los principales partidos políticos trabajan en la misma dirección, como se puede comprobar en por todos los decretos publicados y enlazados en este artículo. Tanto PP como PSOE están profundamente involucrados con las eléctricas, pero el que la mayor parte de los ingresos en el sistema fiscal vasco provengan de dos empresas, Petronor (de Repsol) e Iberdrola, junto con que sea la Caixa, una caja catalana, la que controla Gas Natural-Fenosa, no ayuda para nada a que ni PNV o CiU puedan realizar una oposición al sistema.

El sistema eléctrico español se basa en una subasta eléctrica que marca el precio de la energía y una diferencia entre los costes fijos del sistema y lo que se cobra a los consumidores como término de potencia que se financia mediante créditos adquiridos por las eléctricas con aval del estado que se conoce como Déficit de Tarifa. Las eléctricas manipulan el pool para aumentar el precio de la energía y trasladan costes de su sistema de producción a los costes fijos, con lo que bajan los costes de producción. Como venden la energía al precio del pool, que lo marca el gas, los márgenes comerciales son muy altos.

La manipulación del pool lo realizan generalmente a través de las hidroeléctricas, manteniéndolas paradas, y con la venta a terceros países, vendiendo excedentes baratos a esos países, sobre todo Francia. El aumentar la demanda y disminuir la producción obliga a hacer entrar al gas de los ciclos combinados, que son más caros.

La maximización de los beneficios en producción se aumenta trasladando costes a los costes fijos del sistema. Los costes fijos que no se cubren con el término de potencia que se cobra a los consumidores va a parar al Déficit de Tarifa, que al fin y al cabo es un crédito que se les regala a las eléctricas y que paga el estado.

Al caer la demanda, la estafa se hace insostenible, porque ya no puede entrar el gas de los ciclos combinados y cae el precio de la energía. Además, la inversión desmesurada en ciclos combinados, 25.000 MW en los últimos 10 años, el 50% de la demanda total del sistema, hace que se disparen los costes fijos por lo que las eléctricas no ganan dinero y se dispara el Déficit de Tarifa.

El RDL 9/2013 lo que hace es disminuir las primas de las renovables, por lo que se disminuye su aportación al sistema, pudiendo entrar más gas, y  por tanto aumentar el precio del pool y mantener los beneficios de las eléctricas.

Al aumentar el término fijo de potencia se busca terminar con el Déficit de Tarifa, no por reducción de los costes fijos (los únicos que se eliminan son las primas del régimen especial) sino por aumentar el precio de la energía.

La trampa está en que se mantiene la oligarquía eléctrica en producción, se mantiene un sistema que proporciona beneficios extraordinarios a las eléctricas, se elimina la competencia de las renovables y se facilitan más herramientas de control del precio del pool, dejando además la gestión del término variable o de energía en manos del gas, incontrolable en precios y que además, su venta está vinculada a las eléctricas.

Se admiten los costes fijos del sistema que se pagarán en exclusiva a las distribuidoras, que mantienen su estatus de preponderancia en el mercado. Se elimina totalmente la competencia en producción, tanto en ya instalada como en posible nueva instalación y se otorga una ventaja importante frente al resto de empresas en el ámbito de la comercialización de la energía.

¿Se acaba con el Déficit Tarifario? No, se traslada al consumidor.

¿Se controla el precio de la energía? No, aumenta el término de potencia y se deja el término de energía en manos del gas.

¿Se estabiliza el sistema? No, se fomenta la ineficiencia energética, el derroche y la dependencia externa.

¿Se moderniza el sistema? No, se tiende a sistemas caducos de producción centralizada y se elimina la producción renovable.

¿Alguien realmente gana con esta reforma? Claramente las 4 eléctricas principales.

¿Hay un reparto equitativo del problema como preconiza el Gobierno? No, pagan los inversores en renovables y los consumidores.

– La reforma eléctrica no va a abaratar la energía eléctrica. Únicamente va a mantener el sistema actual de obtención de beneficios exorbitados en el pool por parte de las grandes eléctricas, trasladando los costes del sistema al consumidor a través de una especie de tarifa plana eléctrica, donde el término fijo o de potencia va a suponer la mayor parte de la tarifa. – Se va a acabar con la energía renovables pasada y futura en el país al retirar las primas que la mantenían y limitar la rentabilidad de los sistemas de autoproducción.

– Se va a producir una quiebra de pequeños productores que afectará directamente a la banca por el desmantelamiento de la fotovoltaica, por un valor estimado de más de 30.000 MM de €.

– Se crea indefensión e inseguridad en las inversiones, al promulgarse leyes con efectos retroactivos. ¿Alguien se atreve a invertir en España en estas condiciones?

– La reforma va a afectar muy negativamente a la ya maltrecha economía española y a eso que llaman Marca España, y va a generar más desconfianza en Europa, y sobre todo, miedo por la situación económica precaria que va a generar.

– Esta actuación de dumping de las eléctricas que actúan en España tarde o temprano va a suponer sanciones a estas empresas en otros países europeos.

– Aumentará la dependencia del petróleo al apostar por sistemas energéticos caducos basados en combustibles fósiles.

– Frenará el desarrollo tecnológico en España del coche eléctrico, de las energías renovables y del desarrollo tecnológico, sectores claves de cara al futuro.

– Caerá la demanda eléctrica porque pararán otra vez los grandes consumidores, volviendo a hacer insostenible el sistema, a pesar de que el sistema fomenta el derroche energético en vez de el ahorro.

Sabemos que el Gobierno Español no va a retirar esta reforma, pero también es necesario que se sepa la verdad, que se sepa exactamente qué está pasando, porqué se hace, y difundir esta gran estafa a nivel internacional. Es necesario que la Comisión Europea, además de hacer recomendaciones sobre reformas laborales y reducción de déficit, investigue esta gran estafa, y que si estamos realmente integrados en Europa, que se impongan las sanciones correspondientes amén de exigir su inmediata retirada.