Un facha del Ministerio de Interior ordena a los policías que no usen la palabra “escrache” y los llamen “acoso o coacciones”

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Un escrito urgente establece que “dejará de utilizarse el término escrache” y ordena llamarlos “acoso, amenazas o coacciones”

El sindicato de policías SUP considera que la invitación a utilizar términos penales supone criminalizar las protestas que sean pacíficas

El Gobierno ha dado un paso más en su intención de criminalizar los escraches. El Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO) remitió la noche del pasado viernes a todas las dependencias policiales un escrito “urgente” en el que ordena que en las minutas o diligencias que se levanten a partir de ahora con motivo de las concentraciones ante domicilios de diputados ya no se utilice la palabra escrache y se califiquen de “acoso, amenazas o coacciones”, tres delitos recogidos en el Código Penal.

La orden se difundió a las 23.45, horas después de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría evitara por primera vez utilizar la palabra ‘escrache’ y empleara el término ‘acoso’ en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La orden interna fue remitida por el Centro Nacional de Comunicación, un órgano de la Dirección General de la Policía, y dice literalmente así:

 

“Siguiendo instrucciones del Director Adjunto Operativo, se comunica que a partir del día de la fecha todas la comunicaciones, escritos y diligencias en las que se notifique que se han producido acosos, amenazas y coacciones a representantes políticos, DEJARÁ DE UTILIZARSE EL TÉRMINO ‘ESCRACHE’, pasando a ser denominado con la acepción castellana correspondiente (acoso, amenazas, coacciones, etcétera)”

 

El término escrache como sustantivo no aparece recogido en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, sino que se trata de una palabra que comenzó a utilizarse en Argentina para referirse a actos de denuncia pública.

José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, ha manifestado a eldiario.es que la instrucción puede convertir una manifestación pacífica de protesta en un conflicto de orden público. “Hasta ahora se redactaban minutas internas, que sólo se remitían al juzgado si el afectado por la concentración ante su domicilio presentaba una denuncia. A partir de ahora, al calificarse como hechos tipificados en el Código Penal, obliga a enviar un oficio al juzgado, que decidirá si aprecia un delito o sólo una falta”.

El sindicato ha remitido ya una circular a todos sus afiliados en la que les recomienda que cumplan la orden del DAO y dejen de utilizar el término escrache, pero que se refieran a ellos como “seguimiento o manifestación pacífica”.

El propio director adjunto de operaciones de la Policía, que ahora prohíbe el término, utilizó la palabra “escrache” en otra nota interna anterior, el 9 de abril. En esa comunicación a todas las comisarías de España se prohibía la celebración de “escraches” a menos de 300 metros de “los domicilios de autoridades y personalidades políticas”.

Sáenz de Santamaría fue objeto de un escrache frente a su domicilio el pasado día 5. Entonces, los agentes pidieron el DNI a algunas personas por participar en una “concentración no autorizada”, al no haber sido comunicada con anterioridad. Hasta ahora la Delegación del Gobierno en Madrid ha abierto expediente sancionador a 44 personas, que pueden ser sancionadas con multas que van de los 300 a los 6.000 euros.

http://www.eldiario.es

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