La comisión de Gallardón permite al fiscal amordazar a la prensa

gallardon

 

  • El ministro considera preocupante que la resolución adoptada por un juez o un jurado popular pueda verse condicionada como consecuencia del prejuicio formado en la opinión pública durante la instrucción sumarial o la celebración del juicio.
  • Para el ministro de Justicia, los medios de comunicación y el sistema judicial se superponen, se influyen y chocan cuando comprometen el derecho a la presunción de inocencia.

 

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha considerado que sería preocupante que la resolución adoptada por un juez o un jurado popular pueda verse condicionada como consecuencia del prejuicio formado en la opinión pública durante la instrucción sumarial o la celebración del juicio.

Ruiz-Gallardón ha inaugurado este martes en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) un foro sobre ‘El papel de los medios durante los procesos penales’, que ha contado con la participación de representantes de la justicia y del periodismo.

“El periodista es un historiador de la realidad diaria cuya primera preocupación es la verdad”, ha dicho el titular de Justicia, quien ha resaltado que el ejercicio del periodismo suscita en numerosas ocasiones un conflicto entre derechos fundamentales.

Los “juicios paralelos” son uno de los “puntos neurálgicos” sobre el que hay que adoptar una solución legislativa al conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la tutela judicial efectiva, ha apuntado.

Gallardón ha señalado que sería preocupante que la resolución final adoptada por un juez o un jurado pudiera verse condicionada como consecuencia del prejuicio formado en la opinión pública durante la instrucción sumarial o durante celebración del juicio.

Para el ministro de Justicia, los medios de comunicación y el sistema judicial se superponen, se influyen y chocan cuando comprometen el derecho a la presunción de inocencia, que es una condición para que haya un juicio justo, o el derecho a la información, que es un derecho medular en una sociedad avanzada como la española.

Ha detallado que la comisión de expertos independientes que ha elaborado una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o Código Procesal Penal prevé dar al juez de garantías la facultad para requerir a un medio de comunicación el cese de la publicación de informaciones que comprometen gravemente el derecho a un proceso justo o a los derechos fundamentales de los afectados.

En el borrador también se regula la captación y difusión de imágenes en la sala al inicio de una audiencia pública y en qué supuestos prohibirla, para la protección del orden público, para la seguridad nacional, para la vida privada de las partes, cuando intervienen menores de edad o cuando es de interés para la justicia.

Ruiz-Gallardón ha explicado además que el borrador incluye “una medida transformadora”, que es la limitación de la duración del secreto del sumario, para evitar que su prolongación indefinida produzca un vacío informativo que sea ocupado por la especulación.

El ministro ha resaltado la importancia del debate entre juristas y periodistas para enriquecer la labor del legislador y del Gobierno con la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal o Código Procesal Penal que el Gobierno presentará el próximo mes de octubre.

Entre los juristas, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha destacado que “no hay ningún derecho fundamental absoluto”.

Bravo ha detallado que, de acuerdo como el informe de la comisión de expertos, el tribunal podrá requerir a un medio de comunicación el cese de la publicación de informaciones que supongan un ataque a derechos fundamentales a la presunción de inocencia o a la intimidad.

Entre los periodistas, tanto el director de La Razón, José Antonio Álvarez Gundín, como el subdirector de El País, José Manuel Romero, han expresado su desacuerdo con los artículos de la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborada por el comité de expertos que hacen referencia al ejercicio del periodismo al considerarla “restrictiva”.

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Una respuesta a “La comisión de Gallardón permite al fiscal amordazar a la prensa

  1. El sistema de Derecho supone condenar como un delito, la denuncia, el testimonio falso o el perjurio en la fase de testigo o de toma de posesión. Es evidente que todos los trabajadores por cuenta ajena, que han tomado posesión de sus cargos públicos, ante el S.M. El Rey, juran o prometen cumplir y hacer cumplir la Constitución Española y todas sus nomas. Con esta premisa entendemos que el ejecutivo viola la normativa, 1.- cuando en el BOE aparece un Real Decreto, que creemos que el Rey no conoce ni sabe lo que dice el Real Decreto, Entendemos que se hace usurpación de la personalidad.del Rey. 2.- Más o menos, pensamos que mas 70 % de las demandas que llegan al juzgado, contra la administración, son estimados por el juez en favor del demandante civil. Ahora el gallardonito impone tasas judiciales con el ánimo de evitar que lleguen las demandas ente los tribunales de justicia. Lo que supone que la administración pública, es la gran abastecedora de procesos judiciales, siendo contrario a Derecho que los responsables de forzar la demanda no sean expedientados al violar la normativa.
    Con estas premisas todo lo que el gallardonito haga, diga, cacaree, es motivo de sospecha, de duda o de hurtar el Derecho a sus JEFES, los españoles. . Tenemos que luchar contra este tipo de personas que nos gobiernan y nos han gobernado desde 1982. .

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